Compartimos nota enviada por el Colegio a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario con relación a la situación generada por diversas decisiones adoptadas por un Juez Federal de esta ciudad que afectaron a magistrados y magistradas del fuero penal provincial.
Rosario, 14 de Mayo de 2026.
Al Señor Presidente de la
Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario
Dr. Aníbal Pineda
S / D
Ivan D. Kvasina y Patricia Otegui, en su carácter de Presidente y Secretaria -respectivamente- del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Fe, nos dirigimos a usted con el propósito de poner en su conocimiento y el del Cuerpo jurisdiccional que Ud. preside, el malestar ocasionado entre la comunidad judicial provincial por el comportamiento sostenido por el Dr. Eduardo Rodrigues Da Cruz, Juez del Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal de Rosario. Particularmente, y como ya lo ha hecho saber también el Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la ciudad de Rosario, preocupa la actitud asumida por el magistrado de mención en diversas causas en las que le ha tocado intervenir vinculadas a conflictos de competencia suscitados con integrantes de la Alzada penal de Rosario.
En particular, entendemos que el magistrado ha adoptado términos descalificatorios que afectan el decoro institucional, poniendo en tela de juicio, de manera infundada, el desempeño funcional de integrantes del Poder Judicial provincial.
Los excesos en que entendemos ha incurrido el Dr. Rodríguez da Cruz han llegado al extremo de la formulación de denuncias por discrepancias técnicas propias de la función que, cada uno en su respectiva jurisdicción, nos toca ejercer.
Sabido es que las diferencias de criterio en cuestiones jurídicas opinables (tanto procesales como de fondo) cuentan con mecanismos legales de resolución y nunca pueden justificar expresiones descalificatorias ni, mucho menos, derivar, sin más, en denuncias tanto administrativas como penales.
Entendemos que el respeto mutuo por la honorabilidad y la autoridad que constitucional y legalmente se nos confiere es fundamental para sostener la confianza de la ciudadanía en los sistemas de justicia y es una regla insoslayable a la hora de articular y coordinar el trabajo entre las distintas jurisdicciones.
Por tales motivos, solicitamos a esa Cámara Federal de Apelaciones que evalúe la adopción de las medidas que estime pertinentes en salvaguarda de la investidura de los magistrados provinciales y del debido decoro que debe regir las relaciones entre la justicia federal y la ordinaria. Sin dudas, situaciones como las aquí descriptas no deben repetirse y así lo solicitamos.
Sin otro particular, saludan a usted atentamente.
Dr. Kvasina, Iván – Presidente
Dra. Otegui, Patricia – Secretaria
